La parlamentaria andaluza y portavoz popular en materia de Medio Ambiente, Patricia Navarro, ha acusado hoy a la Junta de Andalucía de “obligar a los chiringuitos a que incumplan la ley” por no legalizar los establecimientos de playa que siguen esperando la concesión definitiva, cuando es una responsabilidad directa del Gobierno andaluz.

Navarro, que ha interpelado sobre esta cuestión al consejero del ramo en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento andaluz, ha denunciado el nulo interés de la Consejería, que mantiene, según la parlamentaria, a más del 50% de los establecimientos sin regularizar. La portavoz popular ha recordado que “en esta misma Comisión se aprobó el 1 de septiembre de 2015 ya una Proposición No de Ley para que agilizara la tramitación de estas concesiones, y no entendemos cómo a día de hoy siguen siendo las mismas”, seis meses después.

En este sentido, Navarro ha acusado a la Consejería de Medio Ambiente de mantener paralizada la resolución de este conflicto tres años después de la reforma de la Ley de Costas, una situación que mantiene a más de 300 chiringuitos en el litoral malagueño sin lograr su regularización y pendientes de iniciar la temporada turística sin haber adaptado sus locales, “una situación que se repite a nivel andaluz y que supone dejar en el aire 40.000 empleos y una inversión que ronda los 250 millones de euros”.

“Le pedimos que reviertan la situación, que se tomen en serio la tramitación de estas licencias, y sobre todo al sector turístico, que aporta el 13% del PIB andaluz”, ha añadido Navarro, quién ha recordado que “mientras la Junta lanza las campanas al vuelo por las buenas previsiones para el sector, les priva de la necesaria seguridad jurídica que demandan estos establecimientos”.

Antes del 1 de octubre

Frente a esta situación, Patricia Navarro ha insistido en que el PP presentará en el Parlamento andaluz una nueva iniciativa que recoge las demandas del sector, que “necesita las concesiones para tener seguridad jurídica para poder hacer inversiones y hacer las contrataciones previstas”.

La iniciativa de los populares pide que las concesiones se aprueben antes del 1 de octubre de 2016 y reclama que se agilicen los proyectos de obras de los establecimientos que ya tienen concesión y han presentado proyectos de obras. Además, el PP pide que se apruebe una instrucción con criterios técnicos objetivos y homogéneos sobre las condiciones de las edificaciones para que “no quepa lugar a la arbitrariedad en la valoración de los proyectos por parte de la administración”.