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El PP denuncia que la Junta recorta 1 millón de euros a los ayuntamientos para servicios sociales

Foto PP Ruth Sarabia
Ruth Sarabia
El PP denuncia que la Junta recorta 1 millón de euros a los ayuntamientos para servicios sociales

Málaga, 27 de septiembre de 2018.- La vicesecretaria de Acción Social del PP de Málaga, Ruth Sarabia, ha denunciado hoy que la Junta de Andalucía recorta a los ayuntamientos de la provincia 1 millón de euros de su aportación al Plan Concertado de Servicios Sociales comunitarios, “una reducción al mínimo con la que ya no pone ni tan siquiera el 10% del 33% que le corresponde aportar al Gobierno autonómico”.

Sarabia ha explicado que este nuevo recorte por parte de la Junta de Andalucía afecta a los servicios sociales que prestan los ayuntamientos, “dentro del Plan Concertado con el Gobierno, la Junta y los propios consistorios para hacer posible que funcionen estos servicios sociales con el personal y todas las acciones que ellos llevan a cabo”, ha afirmado recordando que “sólo en Málaga se atiende a más de 60.000 personas”.

La responsable popular ha denunciado que ahora “reciben un nuevo varapalo por parte del Gobierno andaluz, que reduce al mínimo histórico su aportación desde que nació en los años 90 este Plan Concertado”. Según Sarabia, “al mínimo supone que ya no ponen ni tan siquiera el 10% del 33% que le corresponde poner”, ha asegurado.

El Pan Concertado nació en 1988 con el fin de que, no siendo competencia de los ayuntamientos pero teniendo que prestar realmente los mismos, éstos pudieran tener una aportación por parte del Gobierno y por parte de la Junta de Andalucía. Sin embargo, Sarabia critica que “la realidad es que, sólo este año, la Junta de Andalucía acaba de quitar un millón de euros a los ayuntamientos malagueños dentro de la aportación que hacía al Plan”. De esta forma, la aportación regional se ha reducido a 13 millones de euros, un 10% menos que el año anterior, y que supone menos de un 17% del coste total del Plan en la provincia.

Según la responsable popular de Acción Social, la parte más afectada por la reducción en esta aportación autonómica es el personal: “los trabajadores sociales y los educadores, que están atendiendo a las personas y a las familias que más lo necesitan, que son quienes visitan a estas personas en su casa, quienes hacen sus planes de intervención, quienes dan las ayudas económicas, las que van también a trabajar con los niños y niñas de estas familias en riesgo de exclusión o en exclusión extrema”, ha explicado Sarabia.

“Y sin embargo la Junta no considera necesario que la aportación se mantenga, a pesar de que ya estaba a un límite muy bajo hasta el año pasado”, ha lamentado. En su denuncia, la responsable popular afirma que “este año ya llegamos al borde de que los ayuntamientos tienen que poner de su propio presupuesto también esta parte que la Junta de Andalucía ha recortado”.

Exigir el 33%

En este sentido, Sarabia ha anunciado que “desde el Partido Popular nos negamos a que esto sea así, ponemos el énfasis en que los recortes que viene desarrollando la Junta en las políticas sociales son continuos y en todas las materias que tengan que ver con el ámbito social, y por ello vamos a presentar mociones en todos los municipios”.

Según la responsable popular, “hay que pensar que se ven afectados por supuesto el ayuntamiento de Málaga, la Diputación con todos los municipios menores de 20.000 habitantes, y otros ayuntamientos mayores, como Marbella, Fuengirola y demás”.

“Ante ese más de un millón de euros que nos afecta al final a los municipios de la provincia de Málaga, vamos a llevar mociones reivindicando que en los presupuestos de 2019 la Junta incluya la partida que le corresponde, no la que ha ido menguando desde los años 90, sino la que le corresponde a la Junta que es un 33%”, ha afirmado. “No tiene sentido que los ayuntamientos tengan que poner ya más del 80% del total de ese plan concertado, cuando lo que le correspondía por ley por lo aprobado por el gobierno de la Junta era un 33%”.

Sarabia ha exigido que se vuelva a la aportación real que tendrían que hacer la Junta y el Gobierno “y los ayuntamientos, que son los que menos financiación reciben de todas las administraciones públicas, no tengan por qué servir de banco ni adelantar, ni tener que cubrir las vergüenzas de quien tiene las competencias en materias sociales, que es la Junta de Andalucía”, ha subrayado.