A raíz de la publicación el pasado Martes 10 de Abril en Diario Sur de un artículo sobre las ilegalidades que se siguen cometiendo en las canteras de Alhaurín de la Torre ante la indiferencia de las administraciones “competentes”, la Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra (PDSS) quiere hacer hincapié en los siguientes aspectos:

Más allá de la extracción ilegal de áridos puesta de manifiesto por la Guardia Civil, y que derivará (suponemos) en las sanciones y restitución de la legalidad correspondientes según establece la ley, nos parece interesante reseñar que tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía estaban al tanto de esta situación desde que finalizó el fraudulento Plan de Restauración y la PDSS comenzó a denunciar explotación ilegal en la cantera de Pinos en Abril de 2014. Es decir, desde hace ya cuatro años.

La PDSS lo denunció desde el primer día y en repetidas ocasiones aportando pruebas inequívocas de dicha actividad ilegal. La más contundente en Noviembre de 2016. La última, en febrero pasado, originó la publicación de estos días ya que la Guardia Civil corroboró las denuncias de la PDSS.

Pero incluso con el informe de la Guardia Civil sobre la mesa desde primeros de Marzo, ni el Ayuntamiento ni la delegación Provincial de la Junta de Andalucía con competencia en Minas movieron un dedo hasta que se vieron obligados un mes después por la publicación de Diario Sur donde se evidenció públicamente la existencia de dicho informe del Seprona. Entonces, y sólo entonces, las administraciones “competentes” empezaron a decir que estaban investigando el caso.

La evidente pasividad del Ayuntamiento y de la Junta ante las irregularidades de las canteras de Alhaurín es ya histórica, y permite sospechar que exista algún motivo, más allá de la negligencia, por el que dichos responsables se resistan a actuar contra tan evidentes irregularidades. En este caso, además, hay claros indicios de dejación de responsabilidades ya que, más allá de que nunca llevaron a cabo indagaciones serias, sabemos cuándo recibieron el informe del Seprona y cuándo lo reconocieron y empezaron a hacer algo: semanas después al hacerse público el engaño.

Es por esto por lo que la PDSS no descarta poner estos hechos en conocimiento de la fiscalía por si fueran constitutivos de delito.

La PDSS exige además al Ayuntamiento que precinte la cantera de Pinos y garantice el cese inmediato de la explotación ilegal en cualquiera de las canteras del municipio.

Asimismo la PDSS exige a la Junta de Andalucía que tome las medidas oportunas para que no se vuelvan a producir explotaciones ilegales e inicie y planifique el próximo cese de actividad de las dos canteras que mantienen aún actividad extractiva con licencia en vigor (ARIPISA y ARIPRESA) habida cuenta de que ya están en los límites de sus explotaciones respectivas.

La explotación de la Sierra de Mijas por parte de las empresas extractivas desde hace décadas, plagada de irregularidades e ilegalidades con la connivencia de las administraciones públicas “competentes”, ha generado un impacto muy grave sobre la salud y el medio ambiente de los habitantes de la zona. La PDSS exige pues que se aborde de una vez por todas el estudio de una verdadera restauración de la Sierra (la llamada restauración ecológica y geomorfológica) en el marco de una comisión técnica que el Ayuntamiento aprobó por unanimidad en un pleno extraordinario y monográfico promovido por la PDSS el 29 de Marzo de 2016 y que, dos años después, el Ayuntamiento aún no se ha dignado a convocar.

Esta restauración ecológica permitirá a las actuales y futuras generaciones disfrutar de un medioambiente más sano en lugar de un paisaje devastado como el de hoy.