El Ágora de Alhaurín

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SE APUNTA A UN POSIBLE DELITO DE PREVARICACIÓN, FRAUDE Y MALVERSACIÓN

El PP exige explicaciones al alcalde de Torremolinos tras la denuncia de la Fiscalía

Manuel Marmolejo, PP. Foto El Ágora
Manuel Marmolejo, PP. Foto: El Ágora | Archivo
El PP exige explicaciones al alcalde de Torremolinos tras la denuncia de la Fiscalía

Málaga, 14 de marzo de 2019.- El vicesecretario de Organización del PP de Málaga, Manuel Marmolejo, ha exigido hoy al alcalde de Torremolinos, el socialista José Ortiz, que dé explicaciones de inmediato tras conocerse que la Fiscalía ha cursado una denuncia contra él por presuntas irregularidades en materia de personal.

En concreto, se plantea la posibilidad de que se haya incurrido en un delito de prevaricación, fraude y malversación, a raíz de la reducción de la jornada laboral de los funcionarios municipales de Torremolinos, medida que adoptó el equipo de gobierno socialista “para intentar congraciarse con los trabajadores municipales, sin importarle que estaba infringiendo la ley”, ha indicado Marmolejo.

El dirigente popular ha precisado que la jornada laboral de 35 horas y casos particulares de algunos funcionarios que habrían disfrutado de hasta catorce días más de vacaciones respecto a lo reglamentado, habría justificado esta denuncia por la que se pide investigar al alcalde y a otra concejala socialista.

“Como en todos los casos, respetamos la vía judicial y los pasos que se vayan dando en este procedimiento; pero los tiempos políticos son otros, y lo primero que hay que hacer es comparecer públicamente y dar explicaciones, porque estamos hablando de un uso irregular del dinero de todos los torremolinenses”, ha apuntado Marmolejo.

Por todo ello, el responsable de Organización de los populares malagueños espera que el alcalde “dé cuenta de su gestión al respecto y explique qué pretendía con reducir la jornada laboral de los funcionarios o que algunos trabajadores, presuntamente, disfrutaran de más vacaciones que otros”.

“No queremos pensar que Ortiz utilizaba la política de personal como un arma electoralista, concediendo privilegios que estarían fuera de la ley y sin ningún tipo de justificación”, ha concluido.